La reducción de cargos laborales temporales en el campo público pasa a ser parte de la lista de compromisos infringidos por el Gobierno de Sánchez, por lo menos hasta la actualidad. Y bastante va a haber que llevar a cabo para corregirlo de aquí en el final de la legislatura, pues lo que ocurrió hasta la actualidad fué precisamente lo opuesto.
La paradoja es clara: desde el momento en que el Gobierno aprobó su polémico decreto “contra el trabajo temporal” y por consiguiente se comprometió legalmente a achicar el número de trabajadores precarios (abril de 2021), lo que de todos modos ocurrió es que el número dejó de engordar, y hablamos de lograr la cifra récord de un millón cien mil gobernantes sin empleo fijo y sin haberlo ganado en características de oposición.
Desde el momento en que se proclamó este requisito legal para achicar los empleos temporales, el estado ha añadido mucho más de 40,000 trabajadores temporales auxiliares. Unos viven en la administración central, otra sección -la mayor parte- en las comunidades autónomas, y el resto en las gestiones locales -diputaciones y municipios-.
De este modo lo asegura el Centro Nacional de Estadística (INE) en las consecutivas investigaciones de población activa (EPA) que publica en los últimos tiempos. El Gobierno charla de “estabilización” de la interinidad, término escogido por el Gobierno para señalar esta maniobra que dejará a los gobernantes interinos pasar a ser gobernantes de carrera sin oposición. El decreto que decretó para esto en el mes de abril de 2021, popular como “Icetazo”, se transformó en ley a fines de ese año.
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En el momento en que el Consejo de Ministros aprobó el decreto, el Estado en su grupo, todo el ámbito público del país, tenía un total de 1.033.700 usados públicos con contratos temporales. De esta manera lo certificó la EPA para el primer período de tres meses de 2021. Menos de un par de años después, el 30 de septiembre de 2022, la EPA para el último trimestre de ese año -el último anunciado hasta hoy- situó la lista de trabajadores temporales en 1.075.100 ; esto es, 41.400 mucho más que en el momento en que el Gobierno se había puesto en compromiso y se encontraba legalmente obligado a achicar el número de trabajadores temporales en el ámbito público.
La cifra podría ser aún mayor el día de hoy, en tanto que la inclinación continua fué engordar las gestiones con mucho más trabajadores temporales. Y sabiendo asimismo que pasaron mucho más de tres meses desde la publicación del último APE.
O sea, poco a poco más precarios en exactamente el mismo instante en que el Gobierno ha abierto completamente la puerta inusual para editar a los gobernantes temporales en gobernantes de carrera que, en ciertos casos, conseguirán un puesto fijo no solo sin en este momento respaldar un certamen, sino más bien sin haber pedido en algún momento un puesto competitivo. Es la situacion, por servirnos de un ejemplo, de sobra de 600 secretarios, tesoreros y alcaldes gestores de cabildos y concejos municipales, frente a la licitación que termina de difundir el Gobierno para ese órgano primordial de altos gobernantes encargados de velar por la legalidad administrativa y contable de los ayuntamientos. entidades.
En 4 años, otros 298.000
La contradicción que halló Sánchez en el momento en que aumentó el número de trabajadores precarios tras comprometerse legalmente a reducirlos no es novedosa en su currículo de gobierno. No pues, desde el momento en que aterrizó en La Moncloa, el volumen de interinos en el campo público español no haya disminuido. En el momento en que desocupó a Mariano Rajoy con el apoyo de Tenemos la posibilidad de y los partidos independentistas, Pedro Sánchez se halló en un país con 777.100 trabajadores temporales, según la EPA para el segundo semestre de 2018.
En este momento, según el último comunicado de la EPA, hay 298.000 mucho más. Con Sánchez, la plantilla temporal en las gestiones públicas ha incrementado un 38% en poco mucho más de 4 años. Y que en la motivación del “Icetazo” el Gobierno denunciaba que la temporalidad en el campo público es “una situación nada deseable” y “perjudica al propio desempeño de la Administración”.
(Cortesía de Antes de CristoRoberto Pérez)
Fuente: elcorreodepozuelo
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