Tribunal Superior de Justicia de La capital española (Ampliación TSJ) declaró como “irregular” la readmisión de 119 detectores de Covid rechazados por el Ministerio de Salud y cuya destitución fue declarada nula por la Justicia.
De este modo constaba en una resolución, a la que tuvo ingreso Europa Press, donde la Cámara de lo Popular acuerda organizar al Ministerio de Sanidad el pago de 500 euros a cada uno por “el trato desconsiderado que se ha vulnerado”.
Así mismo, el Tribunal Superior de La capital española da la razón al sindicato CCOO Sanidad La capital de españa en su solicitud de incorporación irregular de estos rastreadores por la parte de la Dirección General de Salud Pública, organismo correspondiente a la Consejería de Sanidad de la Red social de La capital española.
Desde marzo de 2020, la Dirección General de Salud Pública ha contratado a estos mucho más de 150 egresados y egresadas de disciplinas similares a Ciencias de la Salud, Biología o Asistencia Popular, para el diagnóstico precoz de casos de Covid-19 y para el rastreo de casos y su cierre. contactos en la Red social de La capital de españa. Los contratos se han prorrogado (pero no nuevo) tres ocasiones (1 de enero de 2021, 1 de julio de 2021 y 1 de enero de 2022).
El Tribunal Superior de Justicia de La capital de españa (TSJM) declaró nulo el sobreseimiento de los perseguidores en el mes de octubre de 2022 y ordenó a la Red social de La capital de españa readmitirlos “rápidamente” a todos en exactamente las mismas condiciones que regulaba antes de su sobreseimiento el 15 de diciembre. , 2022.
En este momento, exactamente el mismo juzgado advierte que los perseguidores han sufrido un trato vejatorio, “recluidos en un espacio sin medios materiales para prestar servicios, sin tareas asignadas y sin proporcionarles explicaciones ni dejarles estar comunicado con otros trabajadores del Ministerio”.
“Se habla precisamente de formas de proceder vejatorias para estos sujetos que se hubiesen podido eludir con licencia pagada mientras que se realizaba y apuraba la resolución posterior, conservando arbitraria y también ineficazmente la situación, solo para mortificar a los demandantes, sin tener en consideración el malestar psíquico que se genera a un persona que tiene todo el día sin nada que realizar y sin ocasión de llevar a cabo nada”, ha dicho el tribunal.
El juzgado, por su lado, condena al Ministerio de Sanidad a abonar una indemnización de 500 euros a todos los enfermos, pero no reconoce la presencia de una vulneración de derechos escenciales.
En este sentido, CC.OO. comprende que la actitud del Ministerio vulnera derechos escenciales, con lo que decidió proseguir con el trámite.
“Más allá de que la resolución es conveniente a los expertos damnificados y reconoce la presencia de compromiso en el reingreso irregular por la parte del Ministerio de Sanidad”, el sindicato piensa que los hechos “no son tan graves para ser considerados vulneraciones de derechos escenciales”. “.
Fuente: la capital de españa24horas
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